Cumplimiento en materia de denuncias para el sector público #
Las entidades del sector público tienen, por defecto, una obligación más amplia que las empresas privadas. Conforme a la Directiva (UE) 2019/1937, todas las entidades del sector público deben establecer canales de denuncias, sin un mínimo de 50 trabajadores. Pero cada Estado miembro puede eximir a los municipios con menos de 10 000 habitantes o menos de 50 trabajadores, y a otras entidades públicas con menos de 50 trabajadores. Alemania, Francia y Polonia usan esta opción. España no.
Cómo se aplica la Directiva de forma diferente #
| Requisito | Sector privado | Sector público |
|---|---|---|
| Umbral de trabajadores | 50 o más trabajadores | Sin umbral por defecto. Los Estados miembros pueden eximir a las entidades con menos de 50 trabajadores |
| Plazo | 17 de diciembre de 2021; 17 de diciembre de 2023 para 50-249 trabajadores | 17 de diciembre de 2021 |
| Canales compartidos | Las entidades con 50-249 trabajadores pueden compartir recursos para recibir e investigar las comunicaciones | Los Estados miembros pueden permitir que los municipios compartan canales o usen autoridades municipales conjuntas |
| Comunicación anónima | Decide el Derecho nacional | Decide el Derecho nacional |
El artículo 8, apartado 9, de la Directiva aplica la obligación a todas las entidades jurídicas del sector público, incluidas las entidades que sean de su propiedad o estén bajo su control. Los Estados miembros pueden eximir a los municipios con menos de 10 000 habitantes o menos de 50 trabajadores, y a otras entidades públicas con menos de 50 trabajadores. También pueden permitir que los municipios compartan un canal de denuncias o lo gestionen mediante una autoridad municipal conjunta. El canal compartido debe ser distinto y autónomo respecto de los canales de denuncia externos.
Variaciones nacionales #
- Alemania (HinSchG) — los empleadores públicos con 50 o más trabajadores deben establecer una oficina interna de denuncias. Para los municipios y los empleadores que estos poseen o controlan, decide la ley de cada estado federado (Land). La multa por no establecer la oficina llega hasta 20 000 €. La multa por obstaculizar una comunicación o por represalias llega hasta 50 000 €, y hasta 500 000 € para personas jurídicas.
- Francia (Loi Waserman) — cubre a los organismos públicos con 50 o más empleados. Quedan excluidos los municipios de menos de 10 000 habitantes y las entidades intermunicipales en las que ningún municipio miembro supere ese umbral. Los informantes pueden comunicar directamente a las autoridades externas sin utilizar antes los canales internos.
- Polonia (Ley de protección de los informantes, de 14 de junio de 2024) — las entidades públicas para las que trabajan de forma remunerada 50 o más personas deben establecer un procedimiento interno de denuncia. Quedan exentas las unidades de municipios y distritos con menos de 10 000 habitantes. Las entidades locales pueden establecer un procedimiento conjunto. La obligación se aplica desde el 25 de septiembre de 2024.
- España (Ley 2/2023) — cubre a todas las entidades públicas con independencia de su tamaño. Los municipios de menos de 10 000 habitantes pueden compartir el Sistema interno de información. Multas de hasta 1 000 000 € para personas jurídicas y de hasta 300 000 € para personas físicas.
Qué se comunica #
- Uso indebido de fondos públicos o fraude en la contratación
- Conflictos de interés en la contratación
- Infracciones medioambientales en obras públicas
- Fallos de seguridad laboral en instalaciones públicas
- Violaciones de la protección de datos relativas a datos de la ciudadanía
- Abuso de autoridad
Por qué los municipios están en riesgo #
La mayoría de los grandes organismos públicos disponen de infraestructura de cumplimiento. Los municipios y los organismos públicos más pequeños a menudo no la tienen. Muchos dan por hecho que la obligación no se les aplica porque tienen menos de 50 trabajadores. Según la Directiva, se les aplica salvo que el Derecho nacional los exima. España, por ejemplo, cubre a todos los municipios con independencia de su tamaño. Un canal de denuncias para un municipio puede implementarse directamente, sin un amplio proyecto de integración informática.
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