https://ethicsportal.eu/es/authorities/EthicsPortal is a secure, anonymous whistleblower reporting platform that helps organizations comply with EU Directive 2019/1937.es-ESTue, 22 Sep 2026 22:30:53 +0000https://ethicsportal.eu/images/logo.svghttps://ethicsportal.eu/https://ethicsportal.eu/es/authorities/spain-aipi/Sun, 20 Sep 2026 00:00:00 +0000https://ethicsportal.eu/es/authorities/spain-aipi/Referencia sobre la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I.: base legal, competencias frente a las autoridades autonómicas, cómo presentar una comunicación por el canal externo, plazos legales y qué ocurre después.<h1 id="autoridad-independiente-de-protección-del-informante-aipi"> Autoridad Independiente de Protección del Informante (AIPI) <a href="#autoridad-independiente-de-protecci%c3%b3n-del-informante-aipi" class="ml-1 text-base-content/30 hover:text-base-content/60 no-underline" aria-label="Enlace a esta sección">#</a> </h1> <p>La <strong>Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I.</strong> es el organismo estatal que gestiona el <strong>canal externo de información</strong> de España, adopta medidas de protección frente a represalias y ejerce la potestad sancionadora prevista en la Ley 2/2023.</p> <p>Esta página es una referencia sobre la autoridad: qué es, qué puede y qué no puede hacer, cómo se presenta una comunicación, qué plazos rigen y qué ocurre después. Para la obligación de disponer de un sistema interno de información, los umbrales y las sanciones, consulte <a href="/es/whistleblower-laws/spain/">la ley de protección del informante en España</a> .</p> <h2 id="qué-es-la-aipi"> Qué es la AIPI <a href="#qu%c3%a9-es-la-aipi" class="ml-1 text-base-content/30 hover:text-base-content/60 no-underline" aria-label="Enlace a esta sección">#</a> </h2> <table> <thead> <tr> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Denominación oficial</td> <td>Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I. (art. 42.1)</td> </tr> <tr> <td>Naturaleza</td> <td>Autoridad administrativa independiente; ente de derecho público de ámbito estatal, con personalidad jurídica propia</td> </tr> <tr> <td>Creación</td> <td><strong>Ley 2/2023, de 20 de febrero</strong>, título VIII (arts. 42 y ss.)</td> </tr> <tr> <td>Estatuto</td> <td><strong>Real Decreto 1101/2024, de 29 de octubre</strong></td> </tr> <tr> <td>Vinculación</td> <td>Se relaciona con el Gobierno <strong>a través del Ministerio de Justicia</strong> (art. 42.2), hoy Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes</td> </tr> <tr> <td>En funcionamiento desde</td> <td><strong>1 de septiembre de 2025</strong> (Orden PJC/908/2025, de 8 de agosto)</td> </tr> <tr> <td>Presidencia</td> <td>Manuel Villoria Mendieta, nombrado por Real Decreto 328/2025, de 15 de abril</td> </tr> </tbody> </table> <p>La ley la configura con <strong>plena autonomía e independencia orgánica y funcional</strong> respecto del Gobierno, del sector público y del resto de poderes públicos (art. 42.1). La persona titular de la presidencia tiene rango de subsecretario, es nombrada por real decreto a propuesta del Ministerio de Justicia por un <strong>período de cinco años no renovable y sin prórroga posible</strong>, y su nombramiento debe ser ratificado por mayoría absoluta de la Comisión correspondiente del Congreso de los Diputados en el plazo de un mes (art. 53.2). La presidencia está asesorada por una <strong>Comisión Consultiva</strong> en la que se integran, entre otros, representantes del Tribunal de Cuentas y del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (art. 54).</p> <p>Un detalle del régimen económico que conviene conocer: entre los recursos de la autoridad figura <strong>el porcentaje que fije la Ley de Presupuestos Generales del Estado sobre las sanciones pecuniarias que ella misma imponga</strong> (art. 47.2.c).</p> <h2 id="funciones"> Funciones <a href="#funciones" class="ml-1 text-base-content/30 hover:text-base-content/60 no-underline" aria-label="Enlace a esta sección">#</a> </h2> <p>El artículo 43 le atribuye cinco funciones:</p> <ol> <li><strong>Gestión del canal externo</strong> de comunicaciones regulado en el título III.</li> <li><strong>Adopción de medidas de protección</strong> al informante en su ámbito de competencias (art. 41).</li> <li><strong>Informe preceptivo</strong> de los anteproyectos y proyectos de disposiciones generales que afecten a su ámbito.</li> <li><strong>Tramitación de procedimientos sancionadores</strong> e imposición de sanciones por las infracciones del título IX.</li> <li><strong>Fomento y promoción de la cultura de la información.</strong></li> </ol> <p>La presidencia puede además dictar <strong>circulares y recomendaciones</strong>; las circulares son obligatorias una vez publicadas en el BOE (art. 51).</p> <h2 id="qué-puede-y-qué-no-puede-hacer"> Qué puede y qué no puede hacer <a href="#qu%c3%a9-puede-y-qu%c3%a9-no-puede-hacer" class="ml-1 text-base-content/30 hover:text-base-content/60 no-underline" aria-label="Enlace a esta sección">#</a> </h2> <h3 id="ámbito-material"> Ámbito material <a href="#%c3%a1mbito-material" class="ml-1 text-base-content/30 hover:text-base-content/60 no-underline" aria-label="Enlace a esta sección">#</a> </h3> <p>La Ley 2/2023 protege a quien informe de (art. 2):</p> <ul> <li>Acciones u omisiones que puedan constituir <strong>infracciones del Derecho de la Unión Europea</strong> incluidas en el anexo de la Directiva (UE) 2019/1937, que afecten a los intereses financieros de la UE (art. 325 TFUE) o que incidan en el mercado interior (art. 26.2 TFUE), incluidas competencia, ayudas de Estado y prácticas de elusión del impuesto sobre sociedades.</li> <li>Acciones u omisiones que puedan ser constitutivas de <strong>infracción penal o administrativa grave o muy grave</strong>.</li> </ul> <p>Este segundo supuesto es más amplio que el mínimo de la Directiva: en España el canal externo cubre cualquier infracción penal o administrativa grave o muy grave, no solo las materias del anexo.</p> <h3 id="reparto-de-competencias-con-las-autoridades-autonómicas"> Reparto de competencias con las autoridades autonómicas <a href="#reparto-de-competencias-con-las-autoridades-auton%c3%b3micas" class="ml-1 text-base-content/30 hover:text-base-content/60 no-underline" aria-label="Enlace a esta sección">#</a> </h3> <p>La AIPI <strong>no</strong> es competente para todo. El artículo 24 reparte la competencia así:</p> <table> <thead> <tr> <th>Corresponde a la AIPI (art. 24.1)</th> <th>Corresponde a la autoridad autonómica (art. 24.2)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Administración General del Estado y sector público estatal</td> <td>Sector público autonómico y local de su territorio</td> </tr> <tr> <td>Resto de entidades del sector público, órganos constitucionales y de relevancia constitucional (art. 13)</td> <td>Instituciones autonómicas del art. 13.2</td> </tr> <tr> <td>Sector privado <strong>cuando la infracción afecte o produzca efectos en más de una comunidad autónoma</strong></td> <td>Sector privado <strong>cuando el incumplimiento se circunscriba al territorio de esa comunidad</strong></td> </tr> <tr> <td>Administraciones autonómicas o locales <strong>cuando se suscriba el oportuno convenio</strong></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>En la práctica: una infracción en una empresa con actividad en una sola comunidad autónoma que tenga autoridad propia corresponde a esa autoridad, no a la AIPI. Diez comunidades autónomas han aprobado normativa propia en la materia —entre ellas Andalucía, Asturias, Cataluña, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia, Madrid, Navarra, País Vasco y la Comunitat Valenciana—, con órganos como la Oficina Antifrau de Catalunya o la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción.</p> <p>Si una autoridad recibe una comunicación para la que no es competente, <strong>debe remitirla a la AIPI dentro de los diez días siguientes</strong> y comunicárselo al informante en ese mismo plazo (art. 23).</p> <h3 id="límites"> Límites <a href="#l%c3%admites" class="ml-1 text-base-content/30 hover:text-base-content/60 no-underline" aria-label="Enlace a esta sección">#</a> </h3> <ul> <li><strong>Sus decisiones sobre la comunicación no son recurribles</strong> ni en vía administrativa ni contencioso-administrativa (art. 20.4). Solo cabe recurso frente a la resolución que ponga fin al procedimiento sancionador que en su caso se incoe.</li> <li><strong>Presentar una comunicación no confiere por sí solo la condición de interesado</strong> en el procedimiento (art. 20.5).</li> <li>La AIPI <strong>no resuelve el conflicto laboral ni indemniza</strong>: adopta medidas de protección y, en su caso, sanciona; las pretensiones individuales se ventilan ante la jurisdicción competente.</li> </ul> <h2 id="cómo-informar-por-el-canal-externo"> Cómo informar por el canal externo <a href="#c%c3%b3mo-informar-por-el-canal-externo" class="ml-1 text-base-content/30 hover:text-base-content/60 no-underline" aria-label="Enlace a esta sección">#</a> </h2> <p>Cualquier persona física puede informar ante la AIPI <strong>directamente o después de haber usado el canal interno</strong> (art. 16.1). No existe obligación de agotar el canal interno antes de acudir al externo.</p> <p>La comunicación puede presentarse (art. 17.2):</p> <ul> <li><strong>Por escrito</strong>, por correo postal o por cualquier medio electrónico habilitado al efecto.</li> <li><strong>Verbalmente</strong>, por vía telefónica o mediante sistema de mensajería de voz.</li> <li><strong>Mediante reunión presencial</strong>, a solicitud del informante, <strong>dentro del plazo máximo de siete días</strong>.</li> </ul> <p>En las comunicaciones verbales se advierte al informante de que la comunicación será grabada y se le informa del tratamiento de sus datos.</p> <p><strong>La información puede presentarse de forma anónima</strong> (art. 17.1). Si no es anónima, se reserva la identidad del informante, que no será revelada a terceros ni a la persona afectada (arts. 21 y 33).</p> <p>El artículo 21 reconoce además al informante el derecho a designar un domicilio, correo electrónico o lugar seguro para recibir notificaciones, a renunciar a recibir comunicaciones, a comparecer asistido de abogado y a solicitar que la comparecencia se realice por videoconferencia u otros medios telemáticos seguros.</p> <p>La AIPI indica que el <strong>canal externo seguro accesible desde su sede electrónica es la vía recomendada</strong>; el correo electrónico y el correo postal ordinarios no ofrecen las mismas garantías de confidencialidad.</p> <h2 id="plazos"> Plazos <a href="#plazos" class="ml-1 text-base-content/30 hover:text-base-content/60 no-underline" aria-label="Enlace a esta sección">#</a> </h2> <p>Los plazos del canal externo no son los mismos que los del canal interno. Es la confusión más frecuente.</p> <table> <thead> <tr> <th></th> <th>Canal externo — AIPI</th> <th>Canal interno de la entidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Acuse de recibo</td> <td><strong>5 días hábiles</strong> desde la recepción (art. 17.4)</td> <td><strong>7 días naturales</strong> desde la recepción (art. 9.2.c)</td> </tr> <tr> <td>Decisión de admisión</td> <td><strong>Máximo 10 días hábiles</strong> desde la entrada en registro (art. 18.2)</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>Notificación de la admisión o inadmisión</td> <td>Dentro de los <strong>5 días hábiles</strong> siguientes a la decisión (art. 18.2)</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>Plazo máximo para finalizar y responder</td> <td><strong>3 meses</strong> desde la entrada en registro (art. 20.3)</td> <td><strong>3 meses</strong>, ampliables hasta <strong>3 meses adicionales</strong> en casos de especial complejidad (art. 9.2.d)</td> </tr> </tbody> </table> <p>El plazo de tres meses del canal externo <strong>no admite prórroga</strong>. El del canal interno sí, hasta un máximo total de seis meses.</p> <p>El acuse de recibo puede omitirse si el informante ha renunciado expresamente a recibir comunicaciones o si la AIPI considera razonablemente que acusar recibo comprometería la protección de su identidad (art. 17.4).</p> <h2 id="qué-ocurre-después-de-la-comunicación"> Qué ocurre después de la comunicación <a href="#qu%c3%a9-ocurre-despu%c3%a9s-de-la-comunicaci%c3%b3n" class="ml-1 text-base-content/30 hover:text-base-content/60 no-underline" aria-label="Enlace a esta sección">#</a> </h2> <h3 id="1-registro-y-trámite-de-admisión"> 1. Registro y trámite de admisión <a href="#1-registro-y-tr%c3%a1mite-de-admisi%c3%b3n" class="ml-1 text-base-content/30 hover:text-base-content/60 no-underline" aria-label="Enlace a esta sección">#</a> </h3> <p>Registrada la información, la AIPI comprueba si los hechos están dentro del ámbito del artículo 2 y decide, en un plazo no superior a <strong>diez días hábiles</strong>, entre inadmitir, admitir a trámite, remitir al Ministerio Fiscal o trasladar a la autoridad competente (art. 18.2).</p> <p>Son causas de <strong>inadmisión</strong> (art. 18.2.a):</p> <ol> <li>Que los hechos relatados <strong>carezcan de toda verosimilitud</strong>.</li> <li>Que los hechos <strong>no sean constitutivos de infracción</strong> incluida en el ámbito de la ley.</li> <li>Que la comunicación <strong>carezca manifiestamente de fundamento</strong>, o que existan indicios racionales de haberse obtenido mediante la comisión de un delito —en cuyo caso se remite además relación circunstanciada al Ministerio Fiscal.</li> <li>Que <strong>no contenga información nueva y significativa</strong> respecto de una comunicación anterior ya concluida, salvo nuevas circunstancias de hecho o de Derecho.</li> </ol> <p>La inadmisión se notifica de forma motivada, salvo comunicación anónima o renuncia del informante.</p> <h3 id="2-instrucción"> 2. Instrucción <a href="#2-instrucci%c3%b3n" class="ml-1 text-base-content/30 hover:text-base-content/60 no-underline" aria-label="Enlace a esta sección">#</a> </h3> <p>La instrucción comprende las actuaciones dirigidas a comprobar la verosimilitud de los hechos (art. 19). La persona afectada es informada de los hechos de manera sucinta y de su derecho a presentar alegaciones, si bien esa información puede diferirse al trámite de audiencia cuando anticiparla pudiera facilitar la ocultación, destrucción o alteración de pruebas.</p> <p><strong>En ningún caso se comunica a la persona afectada la identidad del informante, ni se le da acceso a la comunicación.</strong></p> <h3 id="3-terminación"> 3. Terminación <a href="#3-terminaci%c3%b3n" class="ml-1 text-base-content/30 hover:text-base-content/60 no-underline" aria-label="Enlace a esta sección">#</a> </h3> <p>Concluidas las actuaciones, la AIPI emite un informe y adopta una de estas decisiones (art. 20.2):</p> <ul> <li><strong>Archivo del expediente</strong>. El informante conserva la protección de la ley, salvo que de la instrucción resulte que la comunicación debió inadmitirse por alguna de las causas del art. 18.2.a).</li> <li><strong>Remisión al Ministerio Fiscal</strong>, o a la <strong>Fiscalía Europea</strong> cuando los hechos afecten a los intereses financieros de la Unión Europea.</li> <li><strong>Traslado a la autoridad competente.</strong></li> <li><strong>Acuerdo de inicio de un procedimiento sancionador</strong> conforme al título IX.</li> </ul> <p>La decisión se comunica al informante, salvo que haya renunciado a ello o la comunicación sea anónima.</p> <h2 id="canal-interno-y-canal-externo-cómo-se-relacionan"> Canal interno y canal externo: cómo se relacionan <a href="#canal-interno-y-canal-externo-c%c3%b3mo-se-relacionan" class="ml-1 text-base-content/30 hover:text-base-content/60 no-underline" aria-label="Enlace a esta sección">#</a> </h2> <ul> <li>El informante <strong>puede elegir</strong> el canal externo desde el principio (art. 16.1).</li> <li>Las entidades obligadas deben informar de forma clara y accesible sobre su canal interno <strong>y sobre los canales externos</strong> ante las autoridades competentes; si tienen página web, esa información debe figurar en la página de inicio, en una sección separada y fácilmente identificable (art. 25).</li> <li>La <strong>revelación pública</strong> está protegida (art. 28) cuando se comunicó antes por canal interno y externo, o directamente por el externo, sin que se adoptaran medidas apropiadas en plazo; o cuando existan motivos razonables para pensar que la infracción constituye un peligro inminente o manifiesto para el interés público, un riesgo de daños irreversibles, un riesgo de represalias o pocas probabilidades de tratamiento efectivo de la información.</li> </ul> <h2 id="protección-frente-a-represalias"> Protección frente a represalias <a href="#protecci%c3%b3n-frente-a-represalias" class="ml-1 text-base-content/30 hover:text-base-content/60 no-underline" aria-label="Enlace a esta sección">#</a> </h2> <p>La AIPI presta las medidas de apoyo del título VII cuando se trata de infracciones cometidas en el <strong>sector privado y en el sector público estatal</strong>; los órganos autonómicos, en su respectivo ámbito (art. 41).</p> <p>Quien comunique o revele información conforme a la ley <strong>no incurre en responsabilidad</strong> por esa comunicación, siempre que tuviera motivos razonables para pensar que era necesaria para revelar la acción u omisión, sin perjuicio de la responsabilidad penal (art. 38). La protección alcanza también a la adquisición o el acceso a la información comunicada.</p> <p>La persona afectada conserva la presunción de inocencia, el derecho de defensa y el acceso al expediente, y la misma protección de confidencialidad que el informante (art. 39).</p> <p>Quien haya participado en la infracción y la comunique antes de que se le notifique la incoación del procedimiento puede quedar <strong>exento o ver atenuada la sanción administrativa</strong>, si cesó en la conducta, cooperó plena y diligentemente y aportó información veraz y relevante (art. 40).</p> <h2 id="régimen-sancionador"> Régimen sancionador <a href="#r%c3%a9gimen-sancionador" class="ml-1 text-base-content/30 hover:text-base-content/60 no-underline" aria-label="Enlace a esta sección">#</a> </h2> <p>La AIPI ejerce la potestad sancionadora por las infracciones del título IX (art. 52). Las multas del artículo 65 llegan a <strong>1 000 000 € para personas jurídicas</strong> en las infracciones muy graves —categoría que incluye no disponer de un sistema interno de información (art. 63.1.g)—, con posibilidad de amonestación pública, prohibición de obtener subvenciones o beneficios fiscales hasta 4 años y prohibición de contratar con el sector público hasta 3 años (art. 65.2).</p> <p>Las infracciones <strong>muy graves prescriben a los tres años</strong>, las graves a los dos y las leves a los seis meses (art. 64).</p> <p>El detalle de los umbrales, los plazos de implantación y el estado real de la aplicación está en <a href="/es/whistleblower-laws/spain/">la página de la Ley 2/2023</a> .</p> <h2 id="datos-de-contacto-oficiales"> Datos de contacto oficiales <a href="#datos-de-contacto-oficiales" class="ml-1 text-base-content/30 hover:text-base-content/60 no-underline" aria-label="Enlace a esta sección">#</a> </h2> <table> <thead> <tr> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dirección</td> <td>C/ Luis Cabrera 9, 28002 Madrid</td> </tr> <tr> <td>Canal externo</td> <td>Accesible desde <a href="https://www.proteccioninformante.gob.es/nuestro-trabajo/investigacion/como-informar" rel="nofollow">AIPI — cómo informar</a> </td> </tr> <tr> <td>Información general</td> <td><a href="mailto:info@aipi.gob.es">info@aipi.gob.es</a> </td> </tr> <tr> <td>Comunicación</td> <td><a href="mailto:comunicacion@aipi.gob.es">comunicacion@aipi.gob.es</a> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Para presentar una comunicación o solicitar protección, la AIPI remite al <strong>canal externo seguro</strong> accesible desde su web, no al correo electrónico general.</p> <h2 id="fuentes-oficiales"> Fuentes oficiales <a href="#fuentes-oficiales" class="ml-1 text-base-content/30 hover:text-base-content/60 no-underline" aria-label="Enlace a esta sección">#</a> </h2> <ul> <li><a href="https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2023-4513" rel="nofollow">Ley 2/2023, de 20 de febrero — texto consolidado del BOE</a> </li> <li><a href="https://www.boe.es/eli/es/rd/2024/10/29/1101/con" rel="nofollow">Real Decreto 1101/2024, de 29 de octubre — Estatuto de la AIPI</a> </li> <li><a href="https://www.boe.es/eli/es/o/2025/08/08/pjc908" rel="nofollow">Orden PJC/908/2025, de 8 de agosto — fecha de puesta en funcionamiento</a> </li> <li><a href="https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2025-7673" rel="nofollow">Real Decreto 328/2025, de 15 de abril — nombramiento de la presidencia</a> </li> <li><a href="https://www.proteccioninformante.gob.es/AIPI/que-es" rel="nofollow">AIPI — qué es</a> </li> <li><a href="https://www.proteccioninformante.gob.es/AIPI/funciones" rel="nofollow">AIPI — funciones</a> </li> <li><a href="https://www.proteccioninformante.gob.es/nuestro-trabajo/competencias" rel="nofollow">AIPI — competencias</a> </li> <li><a href="https://www.proteccioninformante.gob.es/nuestro-trabajo/investigacion/como-informar" rel="nofollow">AIPI — cómo informar</a> </li> <li><a href="https://www.proteccioninformante.gob.es/nuestro-trabajo/investigacion/procedimiento" rel="nofollow">AIPI — procedimiento de gestión de informaciones</a> </li> <li><a href="https://www.proteccioninformante.gob.es/nuestro-trabajo/potestad-sancionadora/procedimiento" rel="nofollow">AIPI — potestad sancionadora: procedimiento</a> </li> <li><a href="https://www.proteccioninformante.gob.es/AIPI/equipo/presidencia" rel="nofollow">AIPI — presidencia</a> </li> <li><a href="https://www.proteccioninformante.gob.es/contacto" rel="nofollow">AIPI — contacto</a> </li> </ul>support@ethicsportal.eu (EthicsPortal)